En la mayoría de los países democráticos los protocolos de seguridad son estrictos en cuanto a la protección de las cabezas del Poder Ejecutivo y sus familias. Los mismos deben moverse en vehículos blindados y con escolta militar en sus actividades oficiales o particulares, además de partidarias. Y en los viajes de avión en el interior del país pasa lo mismo.
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Un debate se generó con el viaje del Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a la zona de Amambay en un avión de la Fuerza Aérea para una seguidilla de actos partidarios. Varios criticaron al segundo del Poder Ejecutivo por el uso de bienes estatales, sin embargo, este argumentó que los protocolos de seguridad le obliga ir con escolta militar y en aviones del Estado en donde vaya, sea actividad oficial o no.
Investigando un poco, en la mayoría de los países democráticos funciona el mismo protocolo de seguridad para los mandatarios y sus segundos al mando. Un claro ejemplo se ve en los Estados Unidos. Donald Trump en su campaña de reelección se movía de estado en estado en el avión y/o helicóptero de las Fuerza Aérea estadounidense. Varios de los actos políticos se hacían incluso en los mismos hangares de aeropuertos, con el Air Force One de fondo.
Valga la descripción del párrafo anterior para poner en contraste lo sucedido con el Vicepresidente paraguayo y su ida en el transporte de la Fuerza Aérea hacia el departamento del Amambay. Además de dicha critica que le hicieron, también hicieron reparos por hacer actividad partidaria. ¿Quién debía cuidar al Vicepresidente y con qué móvil debía ir al interior de la República? ¿Y por qué no debería hacer política?
Sin entrar a poner de relieve que Velázquez estuvo recorriendo una zona de alto riesgo y que además estaba cumpliendo tareas de Gobierno (gestionar la donación de camas de terapia para niños con un grupo de empresarios), sirve poner en la balanza lo que hacen los mandatarios en Estados Unidos y lo que se le achaca al segundo mandatario de Paraguay. Sirvan ambos hechos para generar un debate más amplio sobre la competencia de los Mandatarios; sobre la seguridad que deben tener y el derecho de actuar en política.
